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Carta abierta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas frente a la crisis institucional

mayo 17, 2021

El detonante de la actual crisis económica, social y política fue el fallido proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República y que posteriormente retiró ante el rechazo y la masiva protesta y movilización social de amplios sectores populares. El proyecto vulneraba profundamente la calidad de vida y el ingreso de la clase media y de los grupos de bajos ingresos.

​Sin embargo, la crisis es el resultado de la frustración y la ira contenidas de largo tiempo atrás, al no disponer la sociedad civil y los sectores populares de espacios institucionalizados y eficaces de concertación para expresarse sobre los proyectos gubernamentales en materias fundamentales para el desarrollo nacional, sobre todo, en lo atinente a empleo e ingresos y, desde luego, agudizadas por la pandemia y su manejo por parte del gobierno. La concertación del salario mínimo ha sido ineficaz, así como la concertación de las Políticas Sociales y laborales establecidas en la Constitución de 1991.

​Al final, la acción provocadora y violenta de minorías ajenas a la movilización social, aunadas al mal manejo oficial y al exceso de la fuerza frente al legítimo derecho a la protesta, desembocaron en la situación de caos presente.

​Asistimos a la configuración de una crisis mayor, compleja, que entendemos como la superposición de varias crisis interconectadas: económica-financiera, social (pobreza, pobreza extrema y desigualdad), sanitaria, climática y ambiental, del modelo económico dependiente de la actividad extractiva centrada en energías no renovables, ya entrado en crisis. A esto se agrega la corrupción rampante, la extensión de la economía y la cultura del narcotráfico en una escala sin precedentes y la violación de los derechos humanos. Para sortear esta crisis, se requiere de una estrategia de mitigación de corto y mediano plazo y de estrategias correctivas de largo plazo en el contexto de una visión de transformación de la sociedad colombiana de más largo aliento y conducente a una sociedad inclusiva, sostenible y con mayor cohesión social.

El gobierno nacional se ha equivocado al desconocer estas causas estructurales que agobian a las grandes mayorías. El ejecutivo ha tratado el problema solamente como un asunto de orden público y de policía, atribuyéndolo exclusivamente a la pandemia del COVID-19. La desconexión del gobierno y de la clase política con el país nacional se agravó por el abandono de las prácticas democráticas al refugiarse desde marzo de 2020 en los decretos promulgados bajo un régimen de excepción.

​Luego de este breve análisis, queremos contribuir a la agenda de discusión nacional proponiendo los siguientes temas estructurales:

​1. Fortalecer y ampliar la democracia dentro de la Constitución de 1991. Se requiere garantizar efectivamente la separación de poderes, la autonomía de los órganos de control, y la creación de mecanismos institucionalizados de concertación como un Consejo Económico, Social y Ambiental. Este consejo, en su calidad de asesor del gobierno, permitirá que la sociedad civil se exprese e influya directamente y sin intermediación sobre las grandes decisiones nacionales, como son el plan de desarrollo, la política económica, el pacto fiscal y la ejecución de los presupuestos nacional, departamental y municipal.

​2. Respetar los derechos humanos y condenar cualquier tipo de violencia. El respeto de los derechos humanos con sus normas internacionales es fundamental. Apelar a la declaratoria de la conmoción interior por parte del gobierno nacional no es el camino adecuado, porque no contribuiría a crear un clima propicio para el diálogo y el entendimiento y, por el contrario, atizaría más la polarización y la animosidad entre los colombianos.

​3. Cambiar y reorientar el modelo de desarrollo, siguiendo las tendencias internacionales. Los países que han tenido éxito en la presente coyuntura, entre ellos los Estados Unidos, bajo el gobierno de Biden, y China, son aquellos que se han apartado de la ortodoxia económica predominante. Ellos han fortalecido el Estado y dinamizado el gasto público y el apoyo a las empresas, como mecanismo de expansión de la demanda efectiva y protección del empleo. El nuevo modelo de desarrollo debe fortalecer la industria nacional, la agroindustria, la agricultura de pan coger, la pequeña y mediana empresa, la infraestructura, el sector turismo, los sectores de salud, educación, la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en general y la biotecnología en particular, porque estos sectores jalonan y hacen sostenible al resto de la economía.

Coincidimos con la carta abierta de los profesores de economía de diferentes universidades[1] en el sentido que se requiere una nueva política macroeconómica en Colombia con nuevos paradigmas: el equilibrio en las finanzas públicas es diferente al equilibrio en las finanzas de un hogar; ante la profunda crisis social, se requieren fuertes políticas redistributivas; es indispensable establecer políticas que eviten la concentración de la propiedad, el ingreso, el poder y los riesgos; deben adoptarse políticas de empleo público y de Renta Básica Universal, acordes con las capacidades del desarrollo colombiano y su sector real; las políticas monetaria y fiscal deben apuntarle a una sociedad inclusiva, y no sólo a los criterios de las calificadoras internacionales de riesgo.

4. Concertar un nuevo pacto fiscal para la financiación del Estado. Se deben distinguir políticas de corto, de mediano y de largo plazo. En la crisis fiscal actual deben tener prioridad los subsidios y los apoyos a la población en situación de pobreza extrema, así como las ayudas a empresas para preservar y expandir el empleo. Su financiación no debe afectar al 42.5% de los colombianos que se encuentran hoy en situación de pobreza y no requiere privatizaciones ni venta de activos del Estado. Debe ser financiado, como lo han propuesto varios grupos del sector privado, por impuestos y eliminación de beneficios a las empresas e impuestos a particulares de muy altos ingresos. La sostenibilidad de mediano y largo plazo debe ser el resultado de un proceso de concertación para crear un nuevo pacto fiscal.

5. Asegurar el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz para fortalecer la democracia. Para este fin, han de instrumentarse las recomendaciones que hiciera la Misión Rural para la Transformación del Campo Colombiano, en 2015.

6. Ampliar la formación humanista y pluralista, la autocrítica y el deber moral de retractación de los economistas y de quienes toman las decisiones de las políticas públicas cuando se equivocan en materia grave. Ninguna escuela de pensamiento puede convertirse en un dogma porque impide la concertación y el diálogo y la corrección de las políticas todavía derivadas del Consenso de Washington.

7. Preservar el Estado Social de Derecho y el desarrollo social. Se requiere un viraje de las políticas públicas para aplicar estrictamente la Constitución política de 1991 en su significado de un Estado Social de Derecho (artículo 366), el cual establece que “… en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”

8. Garantizar el derecho a la salud y a la educación. Se debe asegurar que la salud y la educación sean derechos universales de ciudadanía y que no estén sometidos a las leyes del mercado o al clientelismo.

9. Contar con un futuro creíble para los jóvenes. Se requiere frenar el aumento en las tasas de desempleo de los hombres y mujeres jóvenes (18-25 años), mediante programas de choque que no vayan en detrimento de sus derechos laborales. La tasa de participación de los jóvenes en el mercado laboral no debe aumentar por la deserción de los estudiantes al sistema educativo y por su ingreso a las actividades informales o ilegales-criminales. Se debe contener el desplazamiento forzado en áreas de agudo conflicto que potencian las migraciones internas, mediante el fortalecimiento de las políticas de restitución de tierras, titulación y la urgente puesta en marcha de un catastro multipropósito.

10. Crear una Política Nacional de Ordenamiento del Territorio (PNOT). En el marco regional de la PNOT, deben crearse estrategias de polos de competitividad y corredores económicos (regionales, nacionales, latinoamericanos, mundiales) promovidos por el Estado o alianzas de Estados, con la participación del sector privado, de las universidades, los centros tecnológicos y de investigación, así como de las entidades territoriales, que tengan subsidios estatales para su reinversión.

La PNOT debe establecer el uso nacional del territorio según lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Política, así como la política de protección del medioambiente en el marco de la transición energética hacia usos de energías renovables con fortalecimiento de las actividades legales en el territorio. Se requiere poner en marcha un conjunto de medidas jurídicas e institucionales, administrativas y financieras, con expansión de la tecnología digital, para lograr la mejor distribución de la población en el territorio y coordinar las acciones de las entidades públicas de diferentes órdenes territoriales.

Junta directiva
​Édgar Revéiz Roldán, presidente.
Beethoven Herrera Valencia, primer vicepresidente.
Rubén Darío Utria, segundo vicepresidente.
Alcides Gómez, secretario general.
Clemente Forero, director de relaciones internacionales.
Diego Otero Prada, tesorero.
Consuelo Ahumada, directora de gestión del conocimiento.
Jorge Iván González, director de publicaciones.

Amylkar Acosta Medina, fiscal.